EN FIRME HACIA LEY DE SUSTITUCION DE CULTIVOS CON FINES TERAPEUTICOS

 

Foto del Espectador.  Comentario UrdimbreRadio.

Como una de las mayores problemáticas que enfrenta el pais, hoy por hoy, se considera  el tema de la Sustitución de cultivos de coca, que ha acarreado toda suerte de violencias contra campesinos y trabajadores del sector rural, por los cruentos enfrentamientos que a diario en las principales zonas, donde por décadas, el narcotráfico ha dominado con su poder y devastación.  En razón del mercado y consumo que opera aparentemente, de manera ilegal.  Las apuestas que se pactaron, dentro del Acuerdo de Paz, punto cuarto, con el objetivo de pacificar los territorios para la construcción real y verdadera de la paz, como mutuo compromiso de los firmantes, dio una carta de navegación clara, con las reformas al Plan Integral Nacional de Sustitucion, que rige con el decreto 1223 de 2020.

La implantación  del Programa de sustitución pasa momentos graves, no solamente de recursos suficientes pese a que provienen de Fondos  para la implementación de la Paz en los territorios, recursos internacionales de apoyo a la Paz en Colombia tras la firma de los acuerdos y también de Recursos Antidrogas.  Lo cierto es que hoy se vive la supremacía de los cultivos ilegales al vaivén del trafico mundial a expensas de los pequeños y medianos cultivadores de hoja de coca, que esperan avances en el tema de sustitución real y amparada con lo reglamentado por la actividad que  soporta dicha sustitución a cultivos de pan coger o formulas sustitutivas con fines terapéuticos , entre otros.  

Lo que acaba de pasar en la Comisión Primera del Senado es histórico: por primera vez avanza un proyecto relacionado con la hoja de coca y sus usos. En específico, se trata del que busca regular toda la cadena de valor de la hoja de coca, desde su producción hasta su procesamiento y distribución en el mercado, una iniciativa de los senadores Iván Marulanda (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Mais), más 21 congresistas que les respaldan.

En su primer debate (que duró dos sesiones), hubo fuertes enfrentamientos, incluso una proposición de archivo de la senadora uribista María Fernanda Cabal. No obstante la mayoría de los congresistas que integran la comisión no la apoyaron y su recurso no surtió efecto. Así las cosas, luego de varias horas, la votación final en su primera discusión fue de 12 votos a favor y cero en contra. Es decir, toda la sala estuvo de acuerdo con continuar con su trámite, excepto los senadores del Centro Democrático y los conservadores no participaron en la votación. Pese a este avance, el proyecto no salió ileso de esos desencuentros y, aunque hay quienes dicen que los cambios no son mayores, lo cierto es que sí se eliminaron algunas cosas que constituyen la esencia y visión del documento.

Se eliminó el enfoque de género y el que apunta al desarrollo del Acuerdo de Paz, gracias a varias proposiciones del senador Eduardo Pachecho, del partido Colombia Justa-Libres, cosa que, según fuentes del Senado, no es grave y se pueden conciliar en la próxima discusión. Por otro lado, la Comisión Primera pidió que se incluya que los afrodescendiente sea entendida en el documento como población priorizada en el programa de extensión agropecuaria (que modifica el artículo seis), y que quede explícito que uno de los usos de la hoja de coca tenga fines médicos, nutricionales y de investigación en los asuntos farmacéuticos y de propiedad intelectual.

Para el senador Marulanda, esta victoria representa “un cambio radical” en la política contra las drogas. “Como se estaba llevando a lo largo de 50 años, esta política solo ha dejado dolor, violencia, corrupción, destrucción del tejido social, pérdida de soberanía sobre los territorios, en manos del imperio de organizaciones criminales que tienen esclavizadas a poblaciones campesinas e indígenas”, expresó. Empieza, según dijo, “una nueva era” en esa política porque se está escribiendo un camino hacia la regulación del Estado en la hoja de coca.

Cosa que comparte el senador Armando Benedetti, ponente del proyecto. “Lo que acaba de suceder en el Congreso es un hito, es algo histórico. No tiene precedentes. La hoja de coca va a ser monopolio del Estado, y este va a estar pendiente de su producción y comercialización. Vamos a lograr que los insurgentes dejen de obligar a los campesinos a cultivar esta hoja. Es un nuevo enfoque contra las drogas”, agregó Benedetti en la misma de Marulanda.

“es probablemente uno de los más importantes en la historia legislativa en el camino de salvar a Colombia de una guerra eterna y de todas las violencias cuyo combustible es el narcotráfico”, añadió por su lado Roy Barreras, uno de sus defensores en este primer debate.

¿Cómo transcurrió el debate?

Como ya se dijo antes, se realizaron dos sesiones. En la primera, se estaba desarrollando la sesión, sin embargo, esta quedó en un segundo plano luego de que confirmaran la noticia de la muerte del senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, quién falleció tras una batalla hospitalaria contra el COVID-19. El suceso fue un golpe para la Comisión Primera, de la que hacía parte, y para todo el Congreso, pues es el primer legislador que moría a causa del nuevo coronavirus.

Después de esto, este lunes se retomó el diálogo legislativo en torno al proyecto de la hoja de coca. Como registró este diario, aunque la Comisión Primera tiene varias voces de avanzada en este tipo de temas, lo único seguro era la fuerte discusión que traería a la sala el proyecto, más aún en un escenario polarizado. Por eso, en la proposición de archivo de la senadora Cabal, fueron siete las personas, incluida ella, las que buscaron hundir el proyecto. Esperanza Andrade y Juan Carlos García (conservadores), Eduardo Pacheco (Colombia Justa-libres), Carlos Guevara (MIRA), Santiago Valencia y Paloma Valencia (Centro Democrático), fueron las otras personas que apoyaron el hundimiento infructuoso del proyecto.

Luego, nuevamente la senadora María Fernanda Cabal puso sobre la mesa la necesidad de una consulta de participación previa de las comunidades étnicas pues, según ella, esta no se había hecho y era una necesidad constitucional para abordar temas que les impactaban a estas poblaciones: “Invoco necesidad de cumplir con acuerdo 69 de OIT que tiene rango de tratado y que debe ser considerado por las mismas comunidades porque tienen derecho a tomar decisión sobre su territorio”, afirmó.