Foto de Portal SEGUIMIENTO.CO /Laura V. Orozco
Con gran tristeza y un conglomerado de voces de rechazo, principalmente de Mujeres, Colombia registra otra muerte violenta de una lider de restitución de tierras. Mujer afrodescendiente, luchadora social comprometida y representante de ANAFRO, / Autoridad Nacional Afro.
El tema de tierras sigue siendo un factor de alto riesgo en Colombia, no obstante ser uno de los Ejes mas importantes, dentro del Acuerdo de Paz firmado recientemente, como condición sinecuanon, para la transformación del Agro, y la reparación a las victimas del conflicto armado como agentes centrales y razón de la negociación pactada entre el gobierno nacional y las Fuerzas Revolucionarias FARC-EP. Realmente el tema ha avanzado poco, en cuanto a la garantías de verdadero acompañamiento a las victimas de despojos, como es el caso de la lideresa Maritza Quiroz.
Persiste la corrupción y los grandes poderes a la sombra, así como la lentitud de la Justicia para la restitución de las tierras a sus verdaderos dueños, prueba de estos cacicazgos y prevendas a los jueces para que se relenticen los procesos de restitución. Grave y de hecho, están implicados temas de producción de precursores de coca, minería ilegal y rutas de narcotráfico, en zonas que son atractivas por la poca presencia del Estado, en el corredor del Pacífico Colombiano principalmente, de ahí la alta incidencia de victimas del pueblo afrocolombiano y zonas marginales, donde el Estado no ejerce cumplimiento a la normatividad de paz,
No obstante, el Programa de Acción Oportuna...que compromete instancias como la Defensoría del Pueblo, hace tímida presencia en lo territorios, esta debe ser una política pública de Estabilización Regional para prevención de este tipo de delitos. También la Comsion Nacional de Garantías.de Seguridad...donde se escuchan las voces desde diferentes plataformas de Defensores de Derechos Humanos, que permanentemente informan y dan alertas tempranas, que deben ser atendidas con celeridad.... pero no se convoca con la regularidad debida y carácter de Urgencia.
La Corte Suprema, había
ordenado protección y atención para la líder social Maritza Quiroz
¿De
qué sirven los comités extraordinarios de seguridad, después del asesinato
anunciado de la líder?
El vil asesinato de la líder Maritza Quiroz Leiva, ocurrido en la
madrugada de este domingo en zona rural de Santa Marta, evidencia, una vez más,
las falencias de Estado colombiano para proteger a quienes están en la mira de
las balas asesinas de los grupos al margen de la Ley y que han sido víctimas de
desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado.
Sin embargo, hace once años la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa
(Ponente), Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, protegió los derechos
fundamentales de 600 mujeres afectadas por el desplazamiento forzado por causa
del conflicto armado, incluyendo a Maritza Quiroz Leiva, quien en la lista
conocida por Zonacero.com figura con el número 448 cn desplazamiento
hacia la ciudad de Santa Marta.
Así, mediante Auto 092 de esa fecha, la Corte adoptó “medidas
comprehensivas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres
desplazadas por el conflicto armado en el país y la prevención del impacto de
género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado”.
Esto en razón a que el esposo de Maritza Quiroz había sido
asesinado en la zona de Palmor, en la Sierra Nevada de Santa Marta y tuvo que
desplazarse con sus hijos Álvaro, Ariadna, Nereidaleth y Luis Bermudez Quiroz
hacia Santa Marta.
Dentro de las medidas de protección y atención para las 600
mujeres, incluyendo a Maritza Quiroz Leiva, la Corte dictó las siguientes:
Creación de trece programas específicos para colmar los vacíos existentes en la
política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la
perspectiva de las mujeres, de manera tal que se contrarresten efectivamente
los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del
desplazamiento forzado; establecimiento de dos presunciones constitucionales
que amparan a las mujeres desplazadas; adopción de órdenes individuales de
protección concreta para seiscientas mujeres desplazadas en el país, y la
comunicación al Fiscal General de la Nación de numerosos relatos de crímenes
sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano.
La Corte sustentó como presupuesto fáctico de su decisión “el
impacto desproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos, del
conflicto armado interno y del desplazamiento forzado sobre las mujeres
colombianas”. En tanto que el presupuesto jurídico lo argumentó como “el
carácter de sujetos de protección constitucional reforzada que tienen las
mujeres desplazadas por mandato de la Constitución Política y de las
obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.
En consecuencia, la Corte declaró que “las autoridades
colombianas a todo nivel están bajo la obligación constitucional e internacional
imperiosa de actuar en forma resuelta para prevenir el impacto desproporcionado
del desplazamiento sobre las mujeres y garantizar el goce efectivo de los
derechos fundamentales de las que han sido afectadas; así como conjurar en
forma efectiva las causas de raíz del panorama generalizado de violencia sexual
acreditado ante esta Corporación por múltiples fuentes de manera consistente y
reiterada”.
Por ello, “para prevenir el impacto desproporcionado y
diferencial del desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas, y
proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las mujeres víctimas
del desplazamiento”, ordenó al Director de Acción Social llevar a su
debido término el diseño e implementación de trece Programas “para colmar los vacíos
críticos en la política pública de atención al desplazamiento forzado”.
Para la Corte Constitucional, la violencia ejercida en el
conflicto armado interno colombiano “victimiza de manera diferencial y
agudizada a las mujeres, porque por causa de su condición de género están
expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas que a su vez
son causas de desplazamiento, y por lo mismo explican en su conjunto el impacto
desproporcionado como víctimas sobrevivientes de actos violentos que se ven forzadas
a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a los acostumbrados,
las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas de naturaleza
extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres”.
Pero, la decisión de la Corte quedó a medias. O no hubo
seguimiento o simplemente existió silencio cómplice del Estado.
A Maritza, quien este 11 de enero cumpliría los 57 años de edad y
se desempeñaba como miembro de la Autoridad Nacional de Afrocolombianos
(Anafro) y de la Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela
(Asofronnelman), solamente le entregaron una parcela, dentro de un conjunto de
tierras otorgadas por el Incoder para mujeres víctimas del desplazamiento
forzado.
Pese a que Maritza, continuó con sus tareas en la defensa de los
derechos de su gente, no obstante su situación de vulnerabilidad en su
seguridad, su situación no dejaba de ser delicada.
Participaba activamente en la Mesa Distrital de Víctimas en Santa
Marta. El viernes pasado también estuvo presente en un encuentro convocado por
la Vicepresidencia de la República, la Gobernadora del Magdalena y la
Consejería de la Mujer.
Y sus cuatro hijos, Álvaro, Ariadna, Nereidaleth y Luis Camilo, de
victimIzados, ahora pasaron a ser revictimizados: Con sus padres caídos.
El repudio por este vil asesinato es generalizado.
En diciembre de 2013, se presentó un proyecto con la Agencia
Nacional de Tierras, y tras salir favorecida, se marchó en el 2016 a la vereda
San Isidro de la Sierra, en Bonda.
En la zona rural de Santa Marta, residía en una finca asignada por
el Gobierno para ella y otras mujeres; a Maritza, le correspondió la parte
donde estaba la casa y los cultivos cercanos a la misma; presuntamente, por lo
anterior no era del agrado de algunas mujeres a quienes les tocó otras
parcelas alejadas de la vivienda.
Desde que llegó a San Isidro de la Sierra, alternó las labores del
campo con la vocería de la comunidad. Era una voz sumamente importante y
siempre hizo saber los problemas que se presentaban en donde vivía.
Quiroz Leiva era suplente de la Mesa
de víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres víctimas de desplazamiento
afro en la zona rural. Había recibido amenazas el año
pasado y la Corte Constitucional había solicitado protección para su vida.
En la finca tenía cultivos de maíz, guandul, fríjol, cúrcuma,
malanga, jengibre, yuca, limón, mandarina, maracuyá, papaya, aguacate, entre
otros; también tenía carneros y rojas californianas, una especie de lombriz
para producir abono orgánico.
Maritza era una mujer de muchas ideas e
iniciativas. Siempre trató de que su comunidad se uniera para participar en
convocatorias de proyectos productivos, pero generalmente sus intentos fueron
fallidos.
La ciudad no le agradaba tanto como el campo,
donde disfrutaba del silencio que solo era interrumpido por el correr de las
cascadas, las quebradas y los cantos de las aves al amanecer.
Quiroz Leiva se despertaba a las 4.am., prendía
el radio y de inmediato iniciaba los quehaceres. Era amante a estudiar y cuando
bajaba a Santa Marta, descargaba contenidos educativos que veía o leía en el computador
que sus hijos le regalaron.
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