SE APLICA LA LEY CONTRA EL RACISMO? ~ Radio Urdimbre

FOTO URDIMBRE. SEP 2015
DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD.

Inclusión: el reto

La mayoría de los actos racistas o discriminatorios son inconscientes. Uno de los mayores desafíos del país es derrumbar esos prejuicios, que han limitado la participación de las comunidades étnicas en la toma de decisiones.

| OPINIÓN |

El negro en Colombia:
una geografía accidentada

Por Joaquín Robles Zabala*

Desde la Colonia hasta hoy, por política o descuido, las regiones habitadas por poblaciones negras siguen en la retaguardia del desarrollo

Para empezar, no hay que olvidar que Cartagena de Indias (antes San Sebastián de Calamarí), la ciudad que fundó Pedro de Heredia en 1533 a orillas del mar Caribe, y a la que el poeta Daniel Lemaitre bautizó con el nombre de Corralito de Piedra, fue durante tres siglos de colonialismo el puerto negrero más importante del Nuevo Reino de Granada. Por sus calles, escribió el historiador Eduardo Lemaitre, entró el desarrollo al país, pues esta ciudad fue el primer centro de comercio que abasteció de mercancía de todo tipo al resto del continente. Sus estrechas plazas fueron las primeras vitrinas de un mercado que no solo incluía textiles, perfumes, especias y materia prima para la fabricación de velas y otros productos, sino también el centro de un comercio de mano de obra esclavizada del que hicieron parte, de la misma forma, la gran mayoría de nuestra población indígena.

Si es cierto que todas las provincias de los Andes se beneficiaron de este comercio, Cartagena, Antioquia, Cauca, Magdalena y Popayán basaron su economía y desplegaron su desarrollo con el implemento del uso de mano de obra esclavizada. Más del 50 por ciento de los negros que subían el Río Grande de la Magdalena, única vía que comunicaba la costa con el interior, nos recordaba Germán Espinosa, llegaban enfermos a su destino, o morían en el camino. La dificultad más grande en ese ejercicio de embarque y desembarque de ‘la mercancía’ la representaba, en gran medida, la topografía de la región, sumamente accidentada y cubierta de extensas y tupidas selvas donde solo se escuchaba el canto de los pájaros y la presencia acechante de las fieras salvajes.

En realidad, el peligro mayor no estaba representado en las serpientes, en los felinos o los cocodrilos que se paseaban por las orillas de los ríos, sino en un volador diminuto que zumbaba cerca de sus orejas y su picadura les poblaba el cuerpo de llagas y les producía fuertes fiebres que los llevaba, incluso, a la muerte.

Hay que recordar que las distancias en ese entonces eran enormes: de norte a sur y de occidente a oriente, a lomo de mula o en chalupa, “el mundo era ancho y ajeno”, como lo describió el novelista peruano Ciro Alegría. El sistema montañoso, compuesto por altísimas y monstruosas cordilleras, creaba mundos distantes, tan distantes que dificultaban el ejercicio del poder y el control del territorio. Esto facilitó que la gran mayoría de las provincias que componían el Nuevo Reino de Granada se constituyeran en gobiernos casi autónomos y el proceso de desarrollo de estas fuera sumamente lento. Facilitó también la composición étnica de las regiones, pues la minería, que se daba con mayor regularidad en los hoy departamentos de Antioquia, Cauca y la Región Pacífica, permitió una gran concentración de población negra y, por supuesto, indígena.

Esto quizá explique el porqué la gran presencia del negro en estas regiones. Y, así mismo, la fundación de muchas ciudades y pueblos por parte de los españoles en la costa Pacífica y en las faldas de la cordillera Occidental. Las tres grandes regiones que componían la Nueva Granada, como lo han registrado varios historiadores colombianos, eran la andina, que abarcaba todo el sistema montañoso que empezaba en el sur del país y corría abrupto hasta el norte; la costa Caribe, con un mar de aguas cristalinas; y la Región Pacífica, con un océano tan tranquilo que enamoraría a Vasco Núñez de Balboa y a su banda de desaforados buscadores de oro.

Pero solo en dos de estas tres regiones, el asentamiento del negro se hizo mucho más evidente: la costa Caribe y la Región Pacífica. En los Andes, por el contrario, el mestizaje se dio a partir de la población indígena –disminuida por la intensidad de los trabajos mineros– y los blancos españoles. En Antioquia, a pesar de la presencia inocultable de los afrodescendientes, la supremacía blanca se impuso, reduciendo significativamente las minorías étnicas de negros e indígenas.

Cartagena de Indias, a pesar de ser el puerto más importante que España había posesionado en el Caribe, en realidad terminó convirtiéndose, con el tiempo, en una urbe de paso. Las grandes fortunas que llegaban a la ciudad subían el Río Grande de la Magdalena para tomar posesión de los Andes, llegar a Bogotá, Popayán o dirigirse a Quito o Lima.

Lo anterior, quizá pueda explicar algunas de las razones de por qué la costa Caribe es una de las regiones del país con un desarrollo en ciernes a lo largo de 200 años de independencia. Quizá pueda explicar por qué hoy el Estado sigue de espaldas a una región por la que entró, según lo expuesto por Eduardo Lemaitre, “la civilización” y ese proyecto emancipador llamado modernidad a estas tierras. Por qué a pesar de ser la Región Pacífica, por ejemplo, un espacio de gran actividad minera, carece de los servicios más elementales con los que debe disponer cualquier grupo humano para vivir.

Las razones del atraso y el profundo abandono estatal podrían explicarse no solo a partir de la pobreza, producto del saqueo al que han sido sometidas estas regiones a lo largo de varios siglos, sino también desde la composición social y étnica. La Región Pacífica, por su ubicación geográfica, es un espacio privilegiado para el comercio, pues conecta por vía marítima a Colombia con el resto de las naciones del hemisferio. Además, es una zona donde la extracción de oro y la explotación de sus recursos naturales se han constituido en las actividades más rentables de su economía.

Sin embargo, nada de lo anterior se ve reflejado en el bienestar de sus habitantes. La pobreza de la región es un lugar común. La muerte por enfermedades gastrointestinales y desnutrición de más de 5.000 niños en los últimos cinco años es apenas, en términos retóricos, la punta de un gigantesco iceberg de corrupción que tiene a sus pobladores inmersos todavía en los albores del siglo XVIII. La educación es la peor que se imparte en el país y la salud sigue siendo un lunar enorme; los centros hospitalarios no solo carecen de médicos sino también de insumos para la prestación de los servicios. De las vías de acceso a sus poblaciones, ni hablar. Siguen siendo verdaderos caminos de herradura, trochas intransitables que fungen de carreteras.

Si le preguntáramos a un funcionario público si cree que en el país hay racismo, lo casi seguro es que lo niegue, pues esas manifestaciones raciales aún no han tocado a su puerta. Sin embargo, son el pan de cada día en colegios, universidades, establecimientos públicos y sitios de trabajo. Colombia, aunque no lo reconozcamos abiertamente, es un país racista, tanto es así que Juan José Nieto Gil, el primer y único presidente negro que ha tenido esta Nación, fue borrado de un plumazo de la historia oficial y el retrato donde aparece fue blanqueado, pues en este el exmandatario tiene la fisonomía de un hombre caucásico, una situación que nadie ha podido explicar.

*Docente universitario. Lingüista y literato de la Universidad de Cartagena. Columnista de Semana. Com.

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Colombia
¿un Estado incluyente?

Por Valentina Rozo*

Por primera vez, el país tiene cifras sobre la presencia de los grupos étnicos en las entidades gubernamentales. Los indígenas son los más invisibilizados.

Treinta y cinco de cada 100 servidores públicos perciben discriminación en su entidad, y solo 15 del total de funcionarios pertenecen a los llamados grupos minoritarios: indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTI y personas en condición de discapacidad.

Estos son apenas algunos de los resultados que arrojó el estudio sociodemográfico de servidores públicos, realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Observatorio de Discriminación Racial**

En aras de firmar un acuerdo de paz es fundamental entender cómo está conformado el Estado. ¿Cuántas personas de grupos históricamente marginados hay en el sector público? ¿Qué puestos ocupan? ¿Qué nivel de discriminación hay en las entidades? Si bien la respuesta a estas preguntas es fundamental para lograr una política pública incluyente, el país no contaba con esa información.

Después de seis meses de trabajo y más de 250.000 encuestas enviadas a servidores públicos, se lograron recopilar suficientes datos para ser concluyentes. Los resultados son preocupantes. Se encontró un gobierno que tiene una subrepresentación de todos los grupos históricamente marginados: únicamente el 3 por ciento de los servidores públicos del país pertenece a la comunidad LGBTI, frente al 10 por ciento de la participación de esta población a nivel nacional; y tan sólo el 4 por ciento de los funcionarios públicos son personas con discapacidad, frente a un 6.4 por ciento del total de colombianos que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presenta esta condición.

Según esta última entidad, un 10.6 por ciento de los colombianos se considera afro, cifra criticada por subestimar la real densidad de esta población. En nuestro estudio encontramos que los afros son el 6.6 por ciento del total de servidores públicos, teniendo la mayor participación en Coldeportes y seguido por el Ministerio de Cultura. ¿Será coincidencia que los dos campos con mayor presencia de afros sean los que concuerdan con el imaginario de que los negros sirven especialmente para bailar, cantar y hacer deporte?

En cuanto a los indígenas, el panorama no es más alentador: de acuerdo al censo del 2005, el 3.4 por ciento de los colombianos pertenece a este grupo étnico, pero ninguna de las 23 entidades del sector público (ministerios y departamentos administrativos) alcanza a tener siquiera a 3 de cada 100 funcionarios indígenas. El promedio de participación de este grupo en el sector público es del 1.5 por ciento, es decir, menos de la mitad del promedio nacional.

Estos resultados son apenas la fase diagnóstica de un ejercicio que busca mejorar el tema de inclusión en las entidades del Estado. Ya el gobierno, a través del Departamento de la Función Pública, ha venido trabajando en esto al incorporar el componente de diversidad en el Plan Estratégico de Empleo Público 2015-2025. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para afros, indígenas, población LGBTI y personas con discapacidad.

Con el mismo fin, a principios de junio se realizó el primer foro internacional sobre Diversidad en el Empleo Público en la Universidad de los Andes, en el que participaron académicos de universidades como Harvard, Stanford y UCLA, miembros de la Organización Internacional del Trabajo y representantes del gobierno. Y próximamente se lanzará una campaña denominada “Empleo incluyente para la Paz”, que busca abrir el diálogo y la reflexión sobre el papel de la diversidad dentro de la construcción de paz. Debido a esta iniciativa Función Pública fue postulada al premio Novagob 2016 que exalta buenas prácticas de gestión de lo público.

El cambio de políticas públicas en un escenario de posconflicto es clave para lograr una paz estable. Con la cercanía del fin del conflicto, es mucho lo que los grupos minoritarios tienen para aportar en temas de inclusión y reconciliación en el camino de construir una paz sostenible.

* Investigadora de Dejusticia

**El Observatorio de Discriminación Racial está conformado por Dejusticia y la Universidad de los Andes

Nuestra Emisora

lunes, 29 de agosto de 2016