COMUNIDADES WAYUU PROTESTAN

Nota tomada de  EL ESPECTADOR 

A orillas del arroyo Bruno los juncos, los guayacanes y las acacias crecen sobre un delicado tapiz de musgo. La vegetación le da al agua muchas tonalidades de verde que contrastan con el color beige, casi amarillo, de las rocas que también comparten esa rivera. Para los dos hijos de Leobaldo Sierra, que tienen 4 y 2 años de edad, es normal bañarse varias veces al día en el Bruno pero Leobaldo sabe que es especial tener un río sin contaminación en la parte de atrás de su casa y por eso se escandaliza con la sola probabilidad de que la desviación que propone el Cerrejón lo dañe.

Tiene ese miedo porque este año Corpoguajira aprobó la desviación del arroyo Bruno, que nace en la reserva natural de los Montes de Oca y corre 26 kilómetros para encontrarse con el río Ranchería, que a su vez es una de las principales fuentes superficiales de agua del departamento de la Guajira. El Bruno además esconde 40 millones de toneladas de carbón bajo su lecho así que en 2013 se volvió parte esencial del plan de expansión de la mina el Cerrejón. La Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Anla) y Corpoguajira le dio las licencias al Cerrejón para cambiar el recorrido del río a lo largo de 3.6 kilómetros y moverlo 700 metros al norte, más cerca de la carretera principal.

La empresa socializó el proyecto con los habitantes de las orillas del Bruno entre ellos la familia de Leobaldo Sierra que vive en la comunidad La Orqueta y tiene como patio trasero uno de los pocos ecosistemas de bosque seco tropical que quedan en Colombia. Aunque ellos no viven en la parte de arroyo que se va a intervenir, tienen muchos reparos sobre el proyecto porque, afirman, podría afectar al cuerpo de agua como un todo.
Con la modificación, el cuerpo de agua estaría atrapado entre una explotación minera a cielo abierto y una concurrida vía pavimentada. Leopoldo recuerda que cuando llegaron los funcionarios trajeron folletos con brillantes colores y lindos dibujos para explicarle cómo replantarían todos los árboles nativos a orillas del nuevo cauce y con ellos migrarían las especies que viven a orillas del río pero él no se explica cómo podrán desplantar esos centenarios árboles sin dañarlos.

Los voceros de la empresa afirman que harán una réplica exacta del antiguo cauce. Aseguran que tienen todas las herramientas para mitigar el impacto ambiental que generaría la obra. Para ello contrataron a Ingetec (que también hizo los estudios del río Ranchería cuando, en 2012, la empresa quiso desviarlo para sacar las 500 millones de toneladas de carbón que tiene debajo) y Alluvium, una consultora australiana.

El Cerrejón esgrime argumentos económicos y laborales porque, según sus cálculos, si no se desvía el arroyo la empresa dejaría de producir 3 millones de toneladas anuales. Esto significa que estarían en juego 600 empleos, $500.000 millones en compras a la región y $3,7 billones de regalías. Para Jazmín Romero Piayú, vocera del pueblo wayúu, esta aseveración es “violenta porque enfrenta a miembros de las comunidades entre ellos”. Si aceptan ese argumento, dice, entrarían en etapa de autoexterminio porque cambiaríamos su arroyo, su agua, por un trabajo que de todas formas se acabará dentro de unos años.

Lo que más temen todas las comunidades es que, con los cambios que se han dado a lo largo de los últimos 40 años (muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento), su región cambie tanto que el desarrollo minero deje por fuera sus costumbres ancestrales, su forma de vida campesina y su cultura. Así lo resumió Rosa Galván, una joven que nació en Chancleta y está estudiando administración de empresas. Para ella es claro que, tanto indígenas como afrodescendientes quieren “que se nos reconozca el derecho a vivir en nuestro territorio y elegir qué hacer con nuestras vidas”. En resumen, no quieren ser daños colaterales de la minería.