Por: CARLOS MEDINA GALLEGO
Historiador – Analista Político
Hablar de revolución popular en el siglo XXI exige abandonar las concepciones dogmáticas y simplificadoras que la reducen a la ruptura violenta del orden existente o a la toma del poder por vías autoritarias para imponer una «dictadura».
En contextos marcados por profundas desigualdades sociales, exclusiones históricas y crisis de legitimidad institucional, la revolución popular adquiere un sentido distinto: no como negación de la democracia, sino como su profundización. El camino democrático de una revolución popular no consiste en sustituir un régimen por otro, sino en transformar las condiciones materiales, políticas y culturales que han vaciado de contenido real a la democracia en su concepción más amplia. Se trata, en esencia, de una apuesta por la ampliación sustantiva del poder popular, el reconocimiento efectivo de derechos y la reorganización de la economía y del Estado en función de la vida digna.
Uno de los pilares fundamentales de este camino es el fortalecimiento del ejercicio democrático en su expresión más amplia. La democracia no puede limitarse al acto electoral periódico ni a la delegación pasiva del poder en élites políticas. Una revolución popular democrática entiende la democracia como un proceso permanente de deliberación, control social y participación activa de la ciudadanía en las decisiones que afectan su vida cotidiana. Esto implica democratizar no solo el sistema político, sino también las relaciones sociales, económicas y culturales. La ampliación de mecanismos de participación directa, la transparencia institucional, el acceso equitativo a la información y la formación política de la ciudadanía son condiciones indispensables para que la democracia deje de ser un ritual formal y se convierta en una práctica social viva y transformadora.
En este marco, la organización social y popular ocupa un lugar central. Ninguna transformación democrática profunda puede sostenerse sin sujetos colectivos organizados. Los procesos de organización comunitaria, sindical, campesina, estudiantil, cultural y territorial no soún un complemento del cambio político, sino su motor principal. Una revolución popular democrática no sustituye a los movimientos sociales por el Estado, ni los instrumentaliza, sino que los reconoce como actores autónomos, críticos y propositivos. Fortalecer la organización popular implica garantizar libertades políticas, proteger a quienes ejercen liderazgo social y crear condiciones materiales para la participación efectiva, superando las barreras económicas, de género y territoriales que históricamente han limitado la acción colectiva.
La lucha por la garantía de los derechos fundamentales constituye otro eje estructural de este proyecto. El derecho a la vida digna no puede entenderse de manera abstracta ni restringida a la mera supervivencia biológica. Una revolución popular democrática asume que la vida digna exige condiciones materiales concretas: alimentación suficiente y saludable, vivienda adecuada, acceso universal a la salud y la educación, posibilidades reales de recreación, cultura y trabajo digno. Estos derechos no son concesiones del mercado ni favores del Estado, sino obligaciones sociales y políticas que deben ser garantizadas de manera progresiva y sostenible. La democracia se vacía de sentido cuando amplios sectores de la población ven negadas las condiciones básicas para ejercer su ciudadanía.
En este punto, resulta clave cuestionar la lógica que subordina los derechos sociales a la rentabilidad económica. El camino democrático de una revolución popular plantea una reorientación del desarrollo hacia el bienestar colectivo, entendiendo la economía como un medio y no como un fin en sí mismo. Esto no implica negar la existencia de la economía privada, sino subordinarla al interés general y articularla con economías populares, comunitarias y solidarias. La coexistencia entre economías populares y economía privada solo es posible en un marco regulatorio que priorice el trabajo digno, la redistribución de la riqueza y la protección de los bienes comunes.
El desarrollo territorial ocupa un lugar estratégico en esta perspectiva. Durante décadas, los modelos centralistas y extractivistas han profundizado las desigualdades regionales, ignorando la diversidad étnica, cultural y ambiental de los territorios. Una revolución popular democrática reconoce que no existe un único modelo de desarrollo válido para todos los contextos. Por el contrario, apuesta por procesos de desarrollo territorial construidos desde abajo, que partan del reconocimiento de las potencialidades locales, de los saberes ancestrales y de las dinámicas económicas propias de cada región. Esto implica descentralizar el poder, fortalecer las autonomías territoriales y garantizar la participación efectiva de las comunidades en la planificación y ejecución de las políticas públicas.
El enfoque de género y el fortalecimiento de la organización y participación de las mujeres constituyen un componente indispensable de este proyecto transformador. No puede hablarse de revolución popular democrática mientras persistan relaciones patriarcales que reproducen la desigualdad, la violencia y la exclusión de las mujeres. La participación política de las mujeres no debe limitarse a la representación simbólica, sino traducirse en poder real de decisión, en reconocimiento de sus liderazgos y en políticas públicas que enfrenten las múltiples formas de opresión que atraviesan sus vidas. Desde una perspectiva social y popular, el feminismo se integra como una fuerza democratizadora que cuestiona tanto el autoritarismo estatal como las jerarquías tradicionales dentro de las propias organizaciones populares.
En el plano internacional, el camino democrático de una revolución popular se expresa en la apuesta por la integración regional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. Frente a un orden global marcado por profundas asimetrías de poder, dependencia económica y prácticas neocoloniales, la integración regional se convierte en una herramienta estratégica para ampliar márgenes de soberanía y construir alternativas de desarrollo compartido. Esta integración no puede reducirse a acuerdos comerciales, sino que debe incorporar dimensiones políticas, sociales, culturales y ambientales, fortaleciendo la cooperación solidaria entre los pueblos.
La oposición a toda forma de agresión imperialista es coherente con esta visión. El imperialismo contemporáneo no se manifiesta únicamente a través de intervenciones militares directas, sino también mediante presiones financieras, bloqueos económicos, injerencias políticas y control de flujos tecnológicos y comunicacionales. Una revolución popular democrática rechaza estas formas de dominación y promueve una política exterior basada en el multilateralismo, el respeto mutuo y la igualdad soberana entre los Estados. El desarrollo de relaciones internacionales equilibradas no es un gesto ideológico, sino una condición para la construcción de proyectos nacionales autónomos y democráticos.
Finalmente, es necesario subrayar que el camino democrático de una revolución popular no está exento de tensiones, contradicciones y desafíos. La ampliación de derechos, la redistribución del poder y la transformación de las estructuras económicas generan resistencias por parte de sectores que históricamente han concentrado privilegios. En este contexto, la tentación autoritaria puede aparecer tanto desde el Estado como desde sectores del propio campo popular. Precisamente por ello, la apuesta democrática no puede ser instrumental ni coyuntural, sino un principio estructurante del proceso revolucionario.
En conclusión, la revolución popular democrática no es un acontecimiento puntual ni un modelo cerrado, sino un proceso histórico en construcción. Su fuerza radica en la capacidad de articular democracia, justicia social, organización popular, igyaldad de género desde una concepción popular, desarrollo territorial, soberanía y pluralismo económico en un proyecto coherente orientado a la vida digna. Lejos de oponerse a la democracia, este camino la rescata de su vaciamiento neoliberal y la proyecta como una práctica colectiva de emancipación. Solo así la revolución deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una experiencia concreta de transformación social sostenida en el poder consciente y organizado de los pueblos.
